Los pasos hacia la paz de los Shottas, la banda que aterrorizó a un puerto colombiano
Mientras las armas descansan, jóvenes del grupo armado Shottas reconstruyen un campo de fútbol. A finales de 2022 se sumaron a un inédito proceso de "paz urbana" en el puerto colombiano de Buenaventura. Los diálogos avanzan tímidamente y, en entrevista con la AFP, piden "inversión social" para mantenerse en tregua.
Junto a sus rivales, los Espartanos, suman casi 2.000 combatientes, según estimaciones de la ONG Paz y Reconciliación (Pares). Ganaron notoriedad en agosto de 2022, cuando un habitante del puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico grabó un enfrentamiento con armas largas.
"Buenaventura siempre ha estado sumergida en el olvido, (…) desafortunadamente tenemos que llamar la atención por medio de la violencia. Y la llamamos", alega un delegado de los Shottas ante el gobierno, que instaló este martes una "mesa de paz urbana" con ambas facciones tras meses de incertidumbre.
Prófugo de la justicia, el portavoz mantiene su identidad bajo reserva. Tras su robusta figura, varios jóvenes se acostumbran a trabajar con palas y carretillas en el mantenimiento de la cancha de tierra y piedras.
"Es la primera vez que algunos han trabajado en construcción, pero les ha gustado", comenta su jefe. Todo son negros, como el 91% de los 350.000 habitantes de esta ciudad por donde pasa el 33% del comercio internacional de Colombia. También es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
Como parte de los acercamientos con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, unos 200 miembros de ambos grupos se vincularon a proyectos como este financiados por el Estado.
Pero la tregua hace agua: aún no existe una ley que dé sustento a lo conversado en la mesa de paz y el inconformismo crece entre las pandillas que, según las autoridades, controlan las rutas del narcotráfico y la extorsión.
A inicios de julio hombres armados con pasamontañas, al parecer de un tercer grupo, advirtieron que la violencia aún no se ha ido del puerto.
- Volvió el luto -
A inicios de julio, tras meses de relativa tranquilidad, una niña de nueve años murió en una balacera atribuida a Shottas y Espartanos, quienes lo niegan.
"Si hubiese más obras como esta quizá tendríamos menos jóvenes sumergidos en el conflicto (…) nosotros siempre hemos pedido inversión social y no militarización", indica el portavoz.
La pobreza alcanza al 40% de los habitantes y el desempleo a más del 25%. El puerto mueve la economía, pero buena parte de sus trabajadores son foráneos.
Surgidas de la escisión de una organización conocida como La local en 2020, la confrontación entre las dos bandas elevó la tasa de homicidios de la ciudad hasta 61,6 por cada 100.000 habitantes en 2021, casi el doble que el año anterior y muy por encima del promedio nacional (24).
El año pasado accedieron a dialogar con delegados del gobierno de Petro, dando inicio a un inédito proceso de paz urbano en un país castigado por un conflicto de seis décadas entre guerrillas, paramilitares de ultraderecha, agentes estatales y narcotraficantes.
Estuvimos en "tregua de septiembre hasta enero, luego ha venido un escalamiento del conflicto por ciertos problemas y rupturas", explica el delegado de los Shottas, simpatizantes de las ideas políticas de las "organizaciones revolucionarias".
Según el investigador de Pares Juan Manuel Torres, los choques con los Espartanos, más cercanos a los paramilitares, obedecen a "algunos reacomodamientos de estos grupos: traiciones, movimientos (…) también se habla que han habido algunos robos entre ellos".
El analista sostiene que cada facción "controla y gobierna" zonas de la ciudad. En sus barrios, los Shottas dicen querer mantener la tregua.
- Pagar por "no matar" -
Es "un momento de tensión porque no hay seguridad jurídica y hay muchos intereses económicos detrás. Las estructuras tienen mucho nerviosismo", agrega Torres, quien estima que la guerra urbana ha dejado unas 300 víctimas.
Sin "un marco jurídico, no sabemos qué nos puedan ofrecer", reclama el delegado de los Shottas.
Pero el proyecto de ley que establece las condiciones e incentivos para someter a la justicia al crimen organizado aún no ha iniciado su trámite en el Legislativo, donde Petro perdió las mayorías.
Aunque el gobierno instaló la mesa, Torres advierte que, sin una ley que respalde el proceso, "no hay proyección de qué podría pasar con estos grupos".
Durante una visita reciente, Petro lanzó una atrevida propuesta llamada jóvenes en paz: "Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar".
La iniciativa ha sido criticada por la oposición y el fiscal general, Francisco Barbosa, por "incentivar el crimen".
Pero parece responder a los pedidos de las bandas: "Hemos planteado crear grupos juveniles (para) pedir estudio al gobierno", expresa el delegado de los Shottas.
El desempleo "es lo que trae la pobreza y la pobreza viene acompañada de violencia", advierte.
J.Kayser--LiLuX